Edgar Fonseca, editor
El PUSC calificó anoche de “acto de intimidación” del presidente Rodrigo Chaves por una supuesta presión contra la diputada Vanessa Castro para que una empresa rompiera servicios profesionales con ella como abogada.
Castro reveló la supuesta presión en una entrevista divulgada ayer por La Nación.
Aseguró que fue cesada por la empresa multinacional a la que brindaba servicios en la primera semana de diciembre 2022.
Afirmó que el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, le confirmó la presunta intervención de Chaves durante una reunión el año anterior en la residencia del diplomático en dicha nación en frente de otros dos diputados PUSC en abril 2023.
“Él relató de manera muy clara cómo el presidente de la República le da instrucciones para buscar al dueño de la empresa para conversar con él y luego se dio el resultado que estaba relatando”, narró Castro del encuentro con Abarca, quien no ha emitido pronunciamiento.
Tampoco Casa Presidencial se refirió ayer a dicha denuncia.
Repudio del PUSC
Juan Carlos Hidalgo, presidente PUSC, emitió anoche a las 8:04 p.m. un post X con el repudio del Comité Ejecutivo Nacional del partido a lo denunciado por la legisladora.
Hidalgo negó que hubiese callado ante el caso, sino que la propia diputada les pidió discreción.
“No es cierto que “el PUSC calló” ante esta situación. Respetamos en su momento la decisión de doña Vanessa de manejar esto de manera privada”, ante cuestionamientos que surgieron en redes respecto a la posición del partido.
“El CEN acompañó y apoyó a la diputada, desde hace un año, cuando fue informado de la situación. Sin embargo, en su momento, doña Vanessa solicitó discreción, por considerarlo un tema de ámbito personal, por lo que el CEN no hozo pronunciamiento al respecto”, cita el comunicado del PUSC.
“En un primer momento, cuando salí de la empresa, pensé: ‘Le quitaron el tema profesional a Vanessa, la abogada’. Salí con mentalidad de abogada. Cuando cogí el carro e iba de camino a la Asamblea, pensé: ‘Dios mío, es que este acto no es un acto contra la abogada, es un acto contra la investidura de una diputada de la República”, relató Castro en la entrevista con La Nación.
La legisladora no descarta que la presunta presión del mandatario obedeciera a sus posiciones como diputada opositora, entre ellas la aprobación de eurobonos y, también, a sus aspiraciones a presidir el Congreso.
“El CEN de la Unidad recalcó que estas prácticas no son de recibo en nuestro país, por lo que las condenamos y expresamos nuestra solidaridad con la legisladora”, añadió el comunicado socialcristiano.
