Edgar Fonseca, editor
El plan de referéndum, anunciado por el presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, es una forma de “coacción” contra los diputados para que aprueben una agenda de proyectos pendientes como la venta del BCR y las jornadas laborales 4/3, denunció el experto en Derecho Constitucional Dr. Rubén Hernández Valle.
“Es una coacción, una forma de meterle miedo a la Asamblea, que si no hace la tarea, entonces el pueblo es el que va a decidir y les va a enmendar la plana”, cuestionó Hernández ante el anuncio del gobernante.
Ratificó que Chaves ejerce presión para que los legisladores aprueben en los próximos tres meses proyectos como la venta del BCR en que carece de una mayoría de 38 votos y tampoco de 29 en el caso de las jornadas 4/3.
Así lo expuso dicho reconocido jurista y uno de los impulsores del establecimiento de la Sala IV hace 35 años, en una amplia entrevista con este editor, vía Zoom Facebook Live, este martes 7 de mayo.
Pronostica que, si al concluir el presente periodo de sesiones extraordinarias, Chaves no ha alcanzado un acuerdo con la Asamblea Legislativa para convocar a un referéndum, se verá forzado a recoger 185 mil firmas para avanzar con la iniciativa.
El anuncio del eventual referéndum lo hizo Chaves el 2 de mayo en el plenario legislativo en su segundo mensaje anual de gestión.
Condicionó la convocatoria a dicha consulta a que la Asamblea Legislativa apruebe un paquete de leyes, entre ellas la venta del BCR, las jornadas laborales 4/3 y el proyecto Ciudad Gobierno, frenado por la Contraloría General de la República.
Hernández no ve opción que el referéndum vaya a contar con apoyo legislativo, por lo que estima inminente que el mandatario acuda a la consulta, para lo cual deberá impulsarla vía recolección de firmas, entre 180 mil y 185 mil (5% del padrón electoral), cuya validez deberá escrutar, una por una, el Tribunal Supremo de Elecciones.
Según sus cálculos, el TSE estaría abriendo campaña de tres meses para el referéndum en mayo del año entrante con el fin que se lleve a cabo en setiembre
El gobierno deberá tomar en cuenta, además, el plazo que se tome una eventual consulta ante Sala IV de alguno de los proyectos, tal el caso de Ciudad Gobierno, cuya resolución tardaría hasta un mes.
Están advertidos
“La decisión de promover el referéndum está tomada, y se podría reversar solo si los diputados están dispuestos a comprometerse a una agenda legislativa país y no partidista”, advirtió el presidente Chaves ante los diputados en la sesión del 2 de mayo.
“El Poder Ejecutivo tiene la intención de promover un referéndum para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con aprobar proyectos de ley indispensables para el futuro del país”, insistió.
“Procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso”, le respondió Rodrigo Arias, presidente del Congreso, al mandatario, en la misma jornada.
BCR y 4/3 lo más viable
El abogado Hernández ve los proyectos de venta del BCR y de las jornadas laborales 4/3, como los más viables de avanzar a consulta en un referéndum.
El tercero, Ciudad Gobierno, casi lo descartó al estimar que, de previo a ser incluido en la convocatoria del referendo, tiene que ser consultado en la Sala IV donde no cree que sería aprobado por evidentes razones constitucionales y legales.
Con este proyecto, afirmó, el Ejecutivo trata de saltarse la Ley de Contratación Administrativa y no requerir de licitación internacional para contratar “a dedo” al Banco Centroamericano de Integración Económica y echar a andar la iniciativa.
Ignorancia presidencial
Hernández atribuye a la “ignorancia” del presidente Chaves y de su círculo de asesores del andamiaje institucional del país, el periodo de alta fricción con otros poderes en el que se ha visto enfrascado en los dos primeros años de gestión.
Se trata, dijo, de un “enfrentamiento innecesario” con otras instituciones si se toma en cuenta que el sistema costarricense se rige por la división de poderes y el reconocimiento de competencias propias.
“Las resoluciones del Poder Judicial pueden ser buenas o malas, pero se respetan, ni siquiera se critican”, enfatizó.
“Hay que hacer lo que ellos dicen y no subvertir sus resoluciones”, demandó el jurista de cara a las disposiciones emanadas de entes como la Contraloría General de la República con la que el presidente Chaves y su círculo inmediato mantienen cuestionamiento y enfrentamiento.
Instó al mandatario a recurrir a la herramienta de la negociación política para lograr consensos frente a temas nacionales no meramente partidistas.
Como principales desafíos para el resto de la gestión ve: inseguridad, educación y respaldo a programas sociales, en particular vivienda.
Para ello, insistió, el gobernante debe negociar.
“Las cosas no se imponen por la voluntad de un detentador de poder”, sentenció.
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