• Ni cree que deba ser consultado a Sala IV

Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo

El abogado constitucionalista, Fabián Volio Echeverría, exministro de Justicia (1997-1998), sostuvo ayer que no ve ningún artículo del plan de referéndum que impulsa el presidente Rodrigo Chaves que vaya a desmantelar la Contraloría General de la República.

Ex Procurador General Adjunto y exmagistrado suplente de la Sala IV, Volio fue uno de los juristas consultados por Casa Presidencial sobre el proyecto de referéndum y sus posibles implicaciones legales y constitucionales.

Ratificó que ninguna de las normas por modificar en el eventual referéndum afecta las funciones que la Constitución le asigna a la Contraloría.

Así lo expuso en una entrevista que concedió a este editor vía Zoom Facebook Live ayer martes 17 de junio.

Con su posición difirió de los roces a la Constitución que denunció hace una semana el excontralor y ex diputado PLN, Alex Solís, otro de los juristas consultados por Casa Presidencial.

Volio dijo que dio su opinión, con carácter desinteresado, como la ha dado en anteriores administraciones de los expresidentes Oscar Arias y José María Figueres, así como a ministros de la administración del expresidente Carlos Alvarado.

“Se me pidió mi opinión, como siempre ha sido desinteresada. Siempre he estado dispuesto a ayudar a mi país de una manera desinteresada”, añadió.

Consultado si medió relación contractual con el gobierno, respondió que no. “Ojalá, porque yo me dedico a mi profesión. Pero no”, insistió.

No han leído el proyecto de ley

Lamentó que ha escuchado diferentes manifestaciones sobre la iniciativa del referéndum que denotan que quienes las hacen no han leído el proyecto de ley que, aparte de las reformas a seis artículos de la ley orgánica de la Contraloría, plantea cambios en la Ley de Contratación Pública y en la ley de Japdeva.

Afirmó que ninguna de la normativa propuesta afecta ámbitos presupuestarios, fiscales, tributarios, monetario, crediticio, de empréstitos, seguridad o de contratación administrativa, como lo restringe el artículo 105 de la Constitución.

Cree, por ello, que no hay eventuales roces de constitucionalidad.

Cuando se le planteó la preocupación externada por la contralora Marta Acosta Zúñiga del latente desmantelamiento del ente a su cargo con dichas reformas, respondió que la jerarca no se fundamentó en ninguna norma de las propuestas.

Según Volio, la reforma pretende que la Contraloría se concentre en la custodia y fiscalización de los recursos públicos y cese su alegada interferencia en el día a día de la administración.

“No se toca la función principal de la Contraloría”, remarcó.

Calificó de “rimbombantes y alarmantes” las manifestaciones de quienes anuncian, sin haber leído el proyecto, que la Contraloría va a desaparecer.

Defendió con vehemencia el derecho a la convocatoria a referéndum.

La atribuyó, en parte, al “entrabamiento y colapso”, por intereses partidistas, de la Asamblea Legislativa.

No ve imperativo ni necesario que la Asamblea eleve la iniciativa en consulta a la Sala Constitucional.

“Imperativo no porque no se están modificando las funciones constitucionales de la Contraloría. Se están delimitando las funciones de interferencia o sustitución del día de la administración. No sé que consultarían”, afirmó.

“No veo la necesidad de consultar más que obstaculizar el proceso”, aseveró.

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