Edgar Fonseca, editor
La Contraloría General de la República denunció la “ley jaguar” # 2 que impulsa el presidente Rodrigo Chaves por alegadas violaciones de normas constitucionales y elevó consulta ante la Sala IV.
La CGR presentó una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley No. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”, así como un escrito para el expediente actualmente en trámite en la Sala IV en el cual se analiza la consulta formulada por el TSE sobre esa misma iniciativa. La CGR realizó dichas gestiones el 16 de agosto, al amparo del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, confirmó un comunicado oficial.
La versión # 1 de dicha ley mediante la que Chaves pretendía, vía referéndum, eliminar funciones y atribuciones de la Contraloría fue rechazada por inconstitucional por la Sala IV el 29 de julio.
Al día siguiente Chaves anunció una versión #2 “químicamente pura”.
Efectos negativos y consecuencias lesivas
La propuesta al artículo 12 de la Ley Orgánica de la CG, conforme la intención de los proponentes, tiene efectos negativos y consecuencias lesivas para el ejercicio de las competencias del órgano contralor, advierte el ente contralor.
Destaca que resulta por tanto contraria al Derecho de la Constitución, tal y como lo indicó el Tribunal Constitucional en la resolución 2024-21.375.
“A dedo”
Según la Contraloría, las reformas propuestas a los artículos 67 de la Ley General de Contratación Pública y 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA permitirían escoger de forma subjetiva y unilateral (“a dedo”) a los contratistas para el diseño y construcción de obra pública, lo cual inevitablemente podría promover actos de corrupción así como la desviación de poder en la función pública.
Regresión
Se transgreden principios constitucionales como el de licitación que se encuentra en el numeral 182 así como el de legalidad y rendición de cuentas, regulados en el artículo 11, ambos de la Constitución Política, lo cual constituye una regresión del modelo de control en materia de contratación pública, diseñado y expresado con claridad por el Constituyente, enfatiza el comunicado.
