Edgar Fonseca, editor
La “ley jaguar #2” impulsada por el presidente Rodrigo Chaves, tras el rechazo de la Sala IV a su primera iniciativa, correrá la misma suerte y fracasará tanto en el ámbito legislativo como jurisdiccional, estiman analistas consultados por este medio.
Advirtieron que el mandatario debe dejar de polarizar al país con dicho proyecto, descartar convocar al referéndum y concentrarse en atender problemas acuciantes estructurales como salud, educación e inseguridad antes que acabe su gestión.
Así coincidió el excontralor general de la República, Lic. Alex Solís, quien fue parte de un comité de expertos que asesoró a Chaves sobre el plan del referéndum, y alertó de los vicios de inconstitucionalidad que contenía la propuesta.
Igualmente se manifestaron los economistas Dennis Meléndez, ex regulador general y Ronulfo Jiménez, exdirector del Banco Central.
Los tres participaron de un conversatorio convocado por este editor el miércoles 7 de agosto vía Zoom Facebook Live.
“Obra de teatro”
Solís censuró como una “obra de teatro”, por parte del presidente y de su equipo de gobierno, el anuncio de la segunda iniciativa tras la sentencia de la Sala IV, el lunes 29 de julio, que declaró inconstitucional los 5 artículos que pretendían reformar, limitar y eliminar funciones atribuciones de la Contraloría General de la República.
Ese anuncio lo hicieron en Casa Presidencial el martes 30 de julio, menos de 24 horas después de la decisión de los magistradas constitucionales.
El presidente Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, informaron que habían enviado una nueva propuesta “químicamente pura” para ser conocida por los magistrados.
Solís calificó de “irreflexiva e imprudente” la conducta del gobernante y su equipo y pronosticó que tampoco superará el tamiz de la Sala nuevamente.
“Conserva y mantiene problemas de inconstitucionalidad”, aseguró.
Criticó que, por dicha imprudencia y la ausencia de una adecuada asesoría profesional y académica, corrieron y la presentaron sin conocer los considerandos de los magistrados, hablando de “vencedores y derrotados, faltando a la verdad”.
Ratificó que la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones la archivarán por inconstitucional, y la eventualidad de un referéndum, con plazo máximo de celebrar el dos de agosto de 2025, la ve inviable por las consultas y plazos que corren.
Gobierno sin prioridades
El economista Ronulfo Jiménez, exdirector del Banco Central, acusó que la pretensión del gobierno, sin prioridades ante temas clave, es polarizar con un afán de destruir la institucionalidad.
Un gobierno sin prioridades, en salud, educación o ante la inseguridad, acude a la opción del referéndum como una “escapada hacia adelante”, aseguró.
A su juicio, la administración de Chaves se aleja de la tradición de diálogo que caracteriza al país desde su etapa fundacional con el Pacto de la Concordia.
Fustigó la campaña “emocional”, de ataque y de poder desde el gobierno contra la contralora general, Marta Acosta Zúñiga.
Comparó, además, a la administración con un “fondo de inversión” donde algunos invirtieron en campaña y ahora obtienen sus réditos.
Lo ve así en el sector arrocero, en el portuario y en lo ambiental, donde, lamentó el país, dejó su liderazgo en la protección de recursos naturales.
Según Jiménez, se trata de grupos de interés, legítimos, pero con poca visión país, que como no pueden ser dueños del poder van por la destrucción de la institucionalidad.
Son temas complejos, para eso está el Congreso
El economista Dennis Meléndez, ex regulador general, 2010-2016, ratificó su inquietud del objetivo del referéndum para limitar funciones de la Contraloría, lo cual fue rechazado por la Sala IV con resoluciones desde 1994.
Destacó que temas tan complejos, no son para una decisión binaria, de sí o no, en una consulta como la que presiona el presidente Chaves.
La gente votaría por quien esté patrocinando el referéndum sin entender las modificaciones que implica.
Aseveró que propuestas para modificar la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de alquilar inmuebles para una futura Ciudad Gobierno, o la reforma a la Ley Orgánica de Japdeva para construir una marina, son temas complicados, que abren una posibilidad muy amplia, conveniente o no, de discrecionalidad en la gestión pública.
Según Meléndez, él, como administrador, tendría temor ante tanta discrecionalidad y la propensión a errores legales en la conducción de entes públicos.
Según su punto de vista, los temas convocados para el eventual referéndum no son de la suficiente jerarquía, como si lo hubiese tenido un llamado a definir la posición país sobre la minería a cielo abierto ante el desastre ambiental en Crucitas, Cutris de San Carlos, zona norte.
Por su complejidad, insistió, el escenario institucional para definir dichos temas es el Congreso.
