Edgar Fonseca, editor
La suerte de continuidad del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, presidente de la Sala II, será decidida este lunes por la Asamblea Legislativa donde hay 30 votos de diputados que adversan su reelección a un segundo periodo de seis años.
Cuestionamientos surgidos en las últimas semanas en contra suya hicieron tambalearse su aspiración pese a que Sánchez rechaza actuaciones incorrectas o anómalas de su parte.
Las bancadas del gobiernista PPSD, Frente Amplio, PLP y Nueva República anunciaron su rechazo a avalar un segundo periodo de Sánchez. Junto a dos diputados PUSC y PLN, suman 30 votos negativos.
Para rechazar la reelección de un magistrado se requiere de una mayoría calificada de 38 votos.
El PUSC anunció que dejaba a sus miembros de fracción por la libre su decisión.
Hasta hoy, Liberación Nacional no ha fijado posición de fracción.
Renunciaría inmunidad
En una nota enviada al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, el 31 de agosto, el magistrado Sánchez se manifestó dispuesto a renunciar a su inmunidad si una jueza de apellido Arce presenta una denuncia penal en su contra por un alegado acto de acoso en 2000 que acaba del trascender.
“Con absoluta transparencia y en apego a la verdad, estoy dispuesto a renunciar a la inmunidad que me otorga el cargo y con ello, a la prescripción de la acción penal, en caso de que la citada funcionaria presente la denuncia”, dijo Sánchez en su nota.
La funcionaria afirmó a La Nación: “Es hecho público que fui denunciada, ante un tribunal penal, por el funcionario judicial Porfirio Sánchez Rodríguez. Quiero asegurarle al pueblo, al que juré servir, que la oportunidad de acudir a los Tribunales de Justicia a hablar con la verdad y demostrarla me parece magnífica. Propongo públicamente al funcionario judicial Sánchez Rodríguez que renuncie de inmediato a su inmunidad y a la prescripción, para que yo lo pueda denunciar por la agresión que cometió contra mí en el año 2000”.
Dicho cuestionamiento y críticas a la eficiencia de su despacho con una lista de 800 casos pendientes de trámite llevaron a una serie de organizaciones civiles a presionar ante el Congreso para que no se le reelija.
Sin embargo, también surgieron voces en su defensa desde el propio Poder Judicial.
“Durante más de 30 años, don Luis Porfirio ha desempeñado sus funciones con rectitud y dedicación, y nunca, en todo este tiempo, ha sido objeto de reproches en lo personal o profesional. Nos sorprende y preocupa que, justo ahora, en el marco de su reelección, surjan estas imputaciones. Este tipo de actos no solo afectan en lo personal al servidor involucrado, sino que se advierte como un ataque a la institucionalidad. No encontramos otra explicación a lo que sucede más que el deseo deliberado de causar daño”, citó un manifiesto suscrito por 21 funcionarios judiciales entre los que hay jueces.
“Guardar silencio sería para nosotros un acto de complicidad ante una injusticia que atenta contra los valores y principios que han guiado nuestra vida profesional. Rechazamos categóricamente estas imputaciones, las cuales consideramos maliciosas y carentes de verdad”, añadieron.
