Gobierno indignado/Fiscalía: se hace respetar la ley
Edgar Fonseca, editor
La presidente ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, una pieza clave de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, fue detenida ayer en Pérez Zeledón por la Fiscalía y OIJ en investigaciones de supuestas anomalías en contratos otorgados a cooperativas para operar Ebáis con sobreprecios estimados en ¢12.400 millones.
Ella y otros siete detenidos en el caso pasaron la nohe en celdas judiciales de Goicoechea a la espera de una audiencia de medidas cautelares por desarrollarse este martes.
Esquivel se presentó y quedó arrestada en la delegación OIJ en Pérez Zeledón luego que su residencia en barrio La California fue allanada a las 6 a.m. y ella no estaba.
La trasladaron detenida a San José en un vehículo judicial que arribó al edificio de los tribunales al mediodía bajo ruido de sirena policial y en medio de gran expectativa de medios.
Gobierno ve amenaza
Casa Presidencial reaccionó y calificó de “amenaza” contra el gobierno la acción de la Fiscalía. El presidente Rodrigo mantuvo silencio.
“Esto no huele nada bien, a todas luces es un abuso de poder”, dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández en un video difundido horas después del arresto de Esquivel.
“Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno”, agregó en palabras que desataron repudio en la Asamblea Legislativa.
“El gobierno no va a aflojar”, remarcó.
“Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, insistió.
Se hace cumplir la ley, dice Fiscal General
La Fiscalía respondió y advirtió que no hay distinción y hacen cumplir la ley.
“Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del gobierno. Nuestras acciones son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”, afirmó desde Atenas, Grecia, el fiscal general, Carlo Díaz, quien participa de un encuentro internacional de DEA.
“La Fiscalía se ampara en sus competencias para hacer lo que le corresponde, como órgano auxiliar de la justicia. Cumplimos con la ley y respetamos los derechos de las partes”, aseveró.
No hay antecedentes recientes de detención de un presidente ejecutivo de institución autónoma por parte de autoridades judiciales.
Contrato para operar 138 Ebáis
Las autoridades ejecutaron 28 allanamientos.
Investigan presunto tráfico de influencias y delitos de influencia contra la Hacienda Pública en hechos relacionados con la operacióin de 138 Ebáis.
El monto del contrato fue por ¢3.929.628.164.,72, aprobado en sesión de junta directiva el sábado 7 de julio.
Incluye a cooperativas que atienden 589 mil usuarios en: Santa Ana; Escazú; Pavas; Tibás; La Carpio – León XIII; San Francisco- San Antonio; San Sebastián – Paso Ancho; Desamparados 2; San Pablo y Barva, Heredia.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, informó la Fiscalía.
Hubo otras siete detenciones de presuntos implicados en el caso un rudo golpe a la imagen de transparencia del gobierno del presidente Chaves.
Los otros detenidos son seis individuos: Araya, Porras, Rojas, Quirós, Gómez, Camareno y Gutiérrez (mujer).
28 allanamientos
- Comunicado oficial del Ministerio Público
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, y hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la JD se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
Fuente: Prensa Ministerio Público
El contrato
El contrato investigado fue otorgado por la junta directiva el sábado 7 de julio.
Para la decisión la Gerencia Médica, a través de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, realizó un análisis basado en el precio razonable sobre la población atendida, para lo cual definió dos bandas, con un precio de límite inferior y otro límite superior, confirmó la entidad en aquel momento.
“Los precios de los proveedores externos estuvieron dentro de esos límites”, añadieron.
