Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pretende que se impongan cinco medidas cautelares a los ocho investigados por el caso de un presunto sobreprecio de ₡12.400 millones anuales en un contrato de cinco cooperativas para operar 138 Ebáis.
Por el caso fueron detenidas ocho personas el lunes, entre ellas la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel, pieza clave del sector salud de la administración del presidente Rodrigo Chaves.
Todos quedaron libres la noche del martes, pendientes de la audiencia de medidas cautelares que inició este miércoles en tribunales de Goicoeches a las 8:30 a.m,
La Fiscalía pide inhabilitar en su cargo a Esquivel y a cuatro directivos.
Adjunto comunicado oficial
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó medidas cautelares en contra de los ocho imputados que conformaron la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre febrero del 2023 y julio del 2024. La petición se realizó al finalizar la tarde de ayer, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
En contra de los imputados, la fiscalía requirió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de 6 meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo período.
Tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad y deben de presentarse hoy a las 8:30 a.m. para la continuación de la audiencia, en la que se conocerán los alegatos de la defensa técnica de las ocho personas.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
