Edgar Fonseca, editor
Tras el mayor caso de investigación judicial al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, acabó ayer viernes su declaración ante el tribunal que ve un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en 10 contratos con cinco cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
El tribunal reanudará el lunes la audiencia de medidas cautelares en que decidirá la suerte de Esquivel, pieza clave de Chaves en el sector salud, como jerarca de la CCSS.
La Fiscalía pide que se le inhabilite por seis meses en el cargo, al igual que a cuatro directivos y dos exdirectivos.
También pide contra ella y los demás investigados impedimento de salida del país, entrega de pasaportes, firma una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y no tener relación con la licitación cuestionada ni los 11 testigos.
Esquivel Rodríguez completó su declaración ante el tribunal que, a las 4 p.m., cerró sesión.
El lunes lo hará su abogado Edgardo García.
Hoy también declaró el exdirectivo Roberto Quirós Coronado.
En total hay 16 investigados por el caso, según la Fiscalía.
El lunes 23 de setiembre fiscales y agentes OIJ ejecutaron 28 allanamientos, en 17 residencias y 11 oficinas que llevaron al arresto de ocho personas, entre ellas Esquivel quien se presentó ante el OIJ de Pérez Zeledón, quedó detenida y fue traída en vehículo policial a San José.
La licitación bajo investigación, ya vigente, otorgó los contratos, nueve de los cuales están en firme y uno apelado, por un monto de ¢471 mil millones durante 10 años.
El presidente vio un ataque al gobierno en la acción judicial y cuestionó la labor de la Fiscalía y del fiscal general, Carlo Díaz, quien se encontraba en Atenas, Grecia, en un congreso DEA, al momento de los allanamientos y arrestos.
Así lo resaltó rodeado de su gabinete, presidentes ejecutivos y diputados gobiernistas durante la conferencia de prensa semanal el miércoles 25 de setiembre.
“A ni no me queda la menor duda, que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, criticó Chaves.
“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, aseguró.
“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.
“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió el Fiscal General.
“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz.
Fiscalía y OIJ alegan que la licitación fue otorgada con un sobreprecio de 33% en contra de criterios técnicos institucionales en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, acusó la Fiscalía.
