Edgar Fonseca, editor
El ministro de Seguridad asumió por mandato presidencial la tarea de enfrentar y reducir el flagelo del sicariato.
Lo hizo con la mayor buena intención pero con evidentes limitaciones institucionales, políticas y prácticas en un turbulento entorno, roto por la irreflexiva conducta de su superior.
El ministro, experto en Derecho Constitucional, soñó reeditar su exitoso paso en la administración Chinchilla Miranda, 2010-2014, cuando redujo la tasa nacional de homicidios a 8 casos por cada 100 mil habitantes.
Pero, en tan solo ocho meses de su segundo periodo de gestión, su objetivo inicial y fundamental se vio desbordado por la brutal arremetida de las bandas narco-criminales que llevó al país a un infame récord de homicidios, camino de replicarse este 2024.
El ministro, bien intencionado, se ha visto impotente de contener un fenómeno que desde el día uno de esta administración requería de una respuesta integral, una estrategia, ausente.
El tomó un barco a la deriva.
Sin rumbo ni coordinación, la respuesta ha ido, por lo visto, a punta de reacciones e impulsos desordenados, precipitados, tan propios del presente gobierno y de su cabeza.
La PCD dejó operaciones clave en puertos y aeropuertos; la megaterminal de Moín nunca se había percibido tan vulnerable; los decomisos de drogas se desplomaron; las intercepciones del programa de patrullaje conjunto con EE.UU. son a cuentagotas y la plataforma de Guardacostas naufraga en ambiguas disposiciones. La porosa Bahía de Drake, Sierpe, está a la intemperie.
Y la seguridad de las calles, barrios y ciudades, objetivo primario de gestión, sigue a merced de no menos de 600 sicarios y sus secuaces, según lo admite el propio jerarca
La lupa de los medios internacionales no pasa desapercibida tanta fragilidad ante las mafias locales e internacionales.
El ministro se ve abrumado en semejante laberinto.
Peor, parece sometido a los desvaríos presidenciales.
Primero, cohonesta el irreflexivo llamado al desorden en las calles (con vacía respuesta pública) que lanzó su superior en abierto desafío al ordenamiento.
Y, en las últimas horas, arrastró a sus subalternos a un irresponsable mensaje de cuestionamiento a la debida tarea de control político del Congreso.
¿A quién le debe su juramento constitucional el ministro, al presidente o a la institucionalidad?
