Edgar Fonseca, editor
La Dirección Jurídica de la CCSS determinó que no se debe pagar los salarios a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, mientras dure la suspensión de seis meses dictada por el Juzgado Penal de Hacienda en el caso Barrenador.
Tampoco se deberá pagar salarios a la gerente general interina, María de los Ángeles Gutiérrez, igualmente investigada en dicho caso.
Ambas y otras seis personas, cuatro directivos y dos exdirectivos, son investigados por la Fiscalía y OIJ por un alegado sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos suscritos por la directiva con cuatro cooperativas del sector salud y una asociación médica por ¢471.000 millones para operar 138 Ebáis durante 10 años.
Según la Dirección Jurídica CCSS, es posición jurisprudencial de la Sala Constitucional de que, así como durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad, esta posición resulta vinculante según lo estatuido por el ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tesis es compartida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.
Esquivel es una pieza clase del presidente Rodrigo Chaves en el sector salud.
El mandatario acusa que hay persecución en contra de ella y de su gobierno y afirmó que la Fiscalía a está “matoneando”