Edgar Fonseca, editor
Dos sendos fallos de la Sala Constitucional enterraron la temeraria pretensión presidencial de dinamitar funciones y atribuciones de la Contraloría General de la República.
Las sólidas sentencias tienen una profunda dimensión de trascendencia histórica que solo el paso del tiempo las hará valorar en toda su magnitud.
Pero, a lo inmediato, constituyen un espaldarazo a la institución contralora y a su jerarca atacada feroz y soezmente a lo largo de estos meses por el mandatario y sus lacayos.
El ente contralor sale fortalecido de este tenso episodio.
La caparazón constitucional con que emergió, junto al Tribunal Supremo de Elecciones, bajo la Constitución de 1949, queda incólume.
Esa “absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores” que le otorga el artículo 183 constitucional sale intacta.
Intactas quedan, también, sus funciones clave puestas en entredicho.
“Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, defendió desde un primer momento con gallardía la contralora Marta Acosta.
De nada valió la campaña de ataques, de cuestionamientos, de deslegitimación del alcance de su misión que desató un gobernante cegado en sus propósitos y con un paupérrimo apoyo legal.
El descarrilamiento y, finalmente, la implosión de dos versiones precipitadas, atropelladas contra el ordenamiento, que encontraron un muro infranqueable en el ámbito constitucional y legal, era cuestión de tiempo.
La iniciativa lanzada a golpe de tambor, como un salvavidas para el segundo tramo del cuatrienio gubernamental, tuvo desde el día uno sus días contados.
La ausencia de sensatez que reina en Casa Presidencial les condujo a este estridente fracaso político y legal. El mayor de tiempos recientes.
Ambas sentencias constituyen, a la vez, un histórico triunfo de la institucionalidad.
La Sala IV y sus magistrados, blanco también del ataque presidencial, resistieron la embestida y, en el fulgor del 35 aniversario de su funcionamiento, consolidaron esa crucial independencia de poderes asediada por los disparates del gobernante y su círculo íntimo.
Las resoluciones que entierran la tristemente célebre “ley jaguar” fortifican el firme y robusto andamiaje institucional que hacen del país una democracia admirada.
Y dejan náufragos a quienes, delirantes en las aguas de un poder efímero, se creen capaces de cambios abruptos, inconstitucionales e ilegales.
P.D.-La Fiscalía General es el nuevo objetivo gobiernista de ataque.
