Fiscal General califica de “incendiario y populista” ataque de Chaves a la Fiscalía por caso “Barrenador”/Analizan si discursos infringen ley/Diputados denunciaron presunta sedición

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Edgar Fonseca, editor

El fiscal general, Carlo Díaz, calificó ayer de “incendiario y populista” el ataque del presidente Rodrigo Chaves a la Fiscalía tras los 28 allanamientos y las ocho detenciones, entre ellas de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, en el denominado caso “Barrenador”.

La Fiscalía investiga un presunto caso de sobreprecio por ¢12.400 millones anuales con 10 contratos entre cinco cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis por 10 años.

Díaz confirmó que un equipo de fiscales analiza si el mandatario infringe la ley con sus manifestaciones.

Diputados denunciaron que el mensaje de Chaves, el miércoles anterior, conlleva presunto delito de sedición.

“Para mí, es un completo irrespeto el hecho que se señale que nuestras acciones obedecen a matices políticos u otro tipos de interés”, advirtió el fiscal Diaz al salir de una comparecencia legislativa a la que acudió en defensa del presupuesto del Poder Judicial.

“Nosotros actuamos con base en las denuncias”, añadió.

“En este caso, por denuncias de la Contraloría General de la República y de la Auditoría”, ratificó.

“Definitivamente, no nos ha movido ningún interés político y mucho menos el de perjudicar al Gobierno”, remarcó Diaz en sus primeras manifestaciones luego de haber regresado al país tras haber participado en un encuentro internacional de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Atenas, Grecia, la semana anterior.

“En ese sentido, yo sí exijo un respeto a la Fiscalía General de la República”, sentenció.

Investigación de discursos

Amplió que un equipo de fiscales analiza los discursos de Chaves para determinar si infringen la Constitución y la ley.

“Eso está en estudio”, afirmó.

Específicamente, los fiscales analizan las fuertes manifestaciones de Chaves el miércoles anterior cuando atacó a la Fiscalía y al Poder Judicial por los 28 allanamientos y las ocho detenciones, entre ellas de la presidenta ejecutiva CSSS.

Están pendientes que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva una petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.

Contra la jerarca CCSS y cuatro directivos piden se les suspenda durante 6 meses del cargo, impedimento de salida del país, entrega de pasaporte, no acercarse a los 11 testigos del caso.

“Hay un grupo de fiscales analizando esos discursos a ver si corresponde aperturar una causa en ese sentido”, ratificó Díaz, blanco de los ataques del presidente Chaves.

“Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”, advirtió Chaves durante la conferencia de prensa del 25 de setiembre.

“Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho. ¿Qué va a hacer usted, compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”, remarcó el gobernante rodeado de su gabinete, presidente ejecutivos y diputados gobiernistas.

Los diputados Eli Feinzaig, PLP, y Gloria Navas, Independiente, denunciaron presunta sedición en dicho mensaje.

“Decirle a los ciudadanos que estén listos, que en los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas, pero que no sabe si lleguemos a los comicios en paz y que tal vez haya que hacer una movilización social antes, es un llamado a la sedición”, censuró Feinzaig.

“Está la manera mediática hacer escándalos, rumores, decir que yo soy un sedicioso como dicen algunos idiotas en el Congreso. Eso no tiene nada que ver con sedición. Ni siquiera entienden qué es eso”, reaccionó Chaves ayer lunes durante un acto en Puntarenas.

El ataque de Chaves

En total hay 16 investigados por el caso, según la Fiscalía.

El lunes 23 de setiembre fiscales y agentes OIJ ejecutaron 28 allanamientos, en 17 residencias y 11 oficinas que llevaron al arresto de ocho personas, entre ellas Esquivel de la CCS, quien se presentó ante el OIJ de Pérez Zeledón, quedó detenida y fue traída en vehículo policial a San José.

La licitación bajo investigación, ya vigente, otorgó los contratos, nueve de los cuales están en firme y uno apelado, por un monto de ¢471 mil millones durante 10 años.

El presidente vio un ataque al gobierno en la acción judicial y cuestionó la labor de la Fiscalía y del fiscal general, Díaz, quien se encontraba en Atenas, Grecia.

Así lo resaltó Chaves durante la conferencia de prensa semanal del pasado miércoles 25.

“Es la Fiscalía matoneando”, dijo Chaves

“A ni no me queda la menor duda que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, criticó. 

“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, aseguró.

“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.

Temerario, respondió Fiscal General

“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió el Fiscal General.

“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz.

Fiscalía y OIJ alegan que la licitación fue otorgada con un sobreprecio de 33% en contra de criterios técnicos institucionales en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio.

“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, acusó la Fiscalía.