Fiscal general defiende viaje a congreso DEA en Atenas, Grecia con fiscala asistente/Denuncia “una intención sostenida para dañar mi imagen”

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Edgar Fonseca, editor

El fiscal general Carlo Díaz, defendió por segunda ocasión su labor, al surgir cuestionamientos de un viaje suyo a un congreso DEA en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024, al que asistió acompañado de una fiscala asistente del área de narcotráfico.

Según el máximo jerarca del Ministerio Público, hay “una intención sostenida para dañar mi imagen”.

Defendió la asistencia de la fiscala asistente en calidad de turista.

“…al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar”, cita la explicación de Díaz divulgada este lunes a la 1:51 p.m.

“El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales. Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución”, agrega Díaz en el mensaje.

La semana anterior, Díaz se defendió de otra versión que circuló por su relación con una sociedad integrada hace 20 años cuando era asistente en un bufete y a la que posteriormente se vinculó un acusado por legitimación de capitales.

Díaz sostuvo no tener ningún tipo de relación con dicha empresa ni con el sospechoso.

Atribuye las versiones a intentos por desprestigiar su imagen luego de los 23 allanamientos y ocho detenciones ejecutadas en el denominado caso Barrenador en que fue detenida la presidenta ejecutiva CSS, Marta Esquivel Rodríguez, la gerente general interina, cuatro directivos y dos exdirectivos, en la investigación de un cuestionado contrato entre cinco cooperativas y un asociación médica para operar 138 Ebáis.

Fiscalía y OIJ investigan un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en el contrato.

Las acciones fueron ejecutadas por las autoridades judiciales el lunes 23 de setiembre en el mayor caso de investigación judicial de la administración del presidente Rodrigo Chaves y el peor escándalo en dos décadas.

Adjunto comunicado oficial del Fiscal General Lic. Carlo Díaz

UNA VEZ MÁS: EN DEFENSA DE NUESTRA INSTITUCIONALIDAD ANTE ATAQUES QUE PRETENDEN DEBILITARNOS COMO CONSECUENCIA DE ACTUAR ANTE PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

Con plena conciencia de que existe una intención sostenida para dañar mi imagen, inmediatamente después de la ejecución de dos actos de investigación de la fiscalía, autorizados por jueces de la República, ejecutados en dos entidades de gobierno y fundados en la probabilidad razonable de la comisión de presuntos delitosde corrupción, deseo anteponer el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez.

Fui invitado como delegación oficial del Ministerio Público a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, cuyo tema fue “Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales”, celebrada en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024.

Este evento revistió de gran importancia para el país porque se logró reforzar lazos de cooperación internacional. Sostuve una reunión con la señora Anne Milgram, administradora de la DEA, para fortalecer la persecución contra el narcotráfico y tratar asuntos relativos a este tema, que están protegidos por la privacidad de las investigaciones, una oportunidad que únicamente tuvimos 15 de los 134 países participantes, lo cual evidencia la confianza que ese órgano ha depositado en mi persona, como representante del Ministerio Público, y la relevancia de nuestro país como socio estratégico del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo.

Además, participé en una mesa de trabajo con las jefaturas de los Ministerios Públicos de Colombia y Panamá, que tuvo por objetivo el tratamiento de temas comunes en materia de criminalidad y coordinaciones para operaciones antinarcóticos bilaterales o multilaterales.

La organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación. Es menester indicar que, así como consta en la invitación oficial de la DEA, esta agencia federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional.

En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar.

El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales. Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución.

Mora se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical que tiene la institución, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y, adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General.

Finalmente quiero señalar que la innecesaria forma en la que fue expuesta la identidad y la fotografía de la señora Mora por parte de la diputada Nájera, haciendo público el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, -y el morbo que ello ha generado- ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad.

Inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país.

Una vez más preocupa que las acciones del Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes legales y en el combate a la corrupción genere este tipo de reacciones y ataques, con la utilización de retóricas que pretenden debilitar nuestra independencia e institucionalidad.

Quiero dejar claro que ni este, ni ninguno de los ataques calculados que sabemos que vendrán, van debilitar al Ministerio Público.

Es mi deber nuevamente garantizarle a la ciudadanía que defenderé la independencia de la fiscalía de cualquier injerencia que pretenda debilitarla y que las personas que integramos esta institución siempre actuaremos con decisión, valentía y fortaleza, apegados a la legalidad con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie.

Carlo Díaz Sánchez

Fiscal General