Edgar Fonseca, editor
En medio de crecientes cuestionamientos y bajo cinco causas disciplinarias abiertas en el Poder Judicial, el fiscal general Carlo Díaz, negó ayer miércoles “trato privilegiado” en el caso de la designación laboral de una fiscal asistente, quien es su compañera sentimental.
“Resulta evidente que no se trató de un trámite privilegiado”, ratificó Díaz al aclarar un correo que envió, el 1.º de marzo anterior, cuando se hizo la designación de la fiscala auxiliar Arelys Mora Gamboa, su compañera, en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico.
El mensaje lo envió a los medios a las 6:08 p.m.
La polémica con esta designación tiene dividido al Congreso donde hay diputados que piden la dimisión de Díaz y otros esperan la decisión de la Inspección Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.
Me someteré a los procesos disciplinarios ya abiertos
Comunicado del Fiscal General de la República
En virtud de los hechos que se han ventilado respecto de los nombramientos de la fiscala auxiliar Arelys Mora Gamboa, me permito reiterar que no he influido de manera indebida en sus nombramientos y que se ha respetado el procedimiento ordinario.
Este año, el Ministerio Público obtuvo plazas nuevas de fiscal auxiliar, razón por la cual el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, Javier Valerio Vásquez, gestionó ante mi persona el cambio de siete de sus plazas por las nuevas, para obtener así plazas vacantes y generar estabilidad en el personal de una fiscalía clave que conoce materia sensible, por la cual no resulta conveniente que exista rotación constante de su personal, ocupando una de esas plazas la fiscala auxiliar Mora Gamboa.
Resulta importante aclarar que la gestión del correo electrónico enviado a la Unidad Administrativa en el cual se “(…) solicita realizar trámite de nombramientos en el programa 929.”, incluye tres plazas más de fiscalías de suma importancia, de conformidad con las prioridades de la persecución penal, como son la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, por lo que resulta evidente que no se trató de un trámite privilegiado.
En virtud de lo anterior, con absoluto respeto a la institucionalidad y con transparencia, me someteré a los procesos disciplinarios ya abiertos en la Inspección Judicial y sobre los que, en su respectivo momento, le corresponderá a la Corte Plena decidir si el suscrito ha cometido o no infracción administrativa alguna.
