-Envía consulta a Procuraduría
Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook Presidencia
En medio de una ola de repudio político y público, el gobierno dejó en suspenso la contratación de una póliza de seguros por ¢248,3 millones para proteger al presidente Rodrigo Chaves, ministros y viceministros por eventual responsabilidad civil en sus actos.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que enviaron una consulta ante la Procuraduría General de la República para que se pronuncie.
Pero respaldó la iniciativa como “una disposición del gobierno para proteger a los funcionarios”.
¿Quién va a defender a los ministros?, cuestionó.
“Para salvar cualquier duda vamos a volver a preguntar a la Procuraduría cómo deberíamos aplicar la norma”, justificó Acosta este lunes ante la ola de críticas.
Hizo el anuncio junto al vicepresidente, Stephan Brunner.
La Contraloría General de la República rechazó autorizar dicha póliza.
El ente contralor advirtió, ante consulta del medio CR Hoy, que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
La Ley General de la Administración Pública prevé la responsabilidad del servidor ante terceros por sus actos.
Artículo 199.-
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley.
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido.
Vicepresidente defiende la póliza
El vicepresidente Stephan Brunner defendió la necesidad de la póliza debido a los riesgos de demandas que enfrentan los funcionarios.
Citó el caso de una demanda de un banco en su contra por la que tuvo que cancelar por defensa $18 mil.
“Eso a uno le duele porque uno toma las decisiones en función de la ley, por el Estado, con una dieta en aquel momento por ¢25.000 colones por sesión y luego, cuando lo demandan a uno porque no les gustó la decisión o la sanción que le impusimos, entonces uno tiene que ver como se tiene que defender como funcionario público individual y el Estado a usted ni lo vuelve a ver”, afirmó.
También aludió al presidente Chaves quien acumula 50 denuncias tras dos años y medio de gestión.
“Ustedes saben que el segundo deporte más popular en Costa Rica es poner denuncias contra funcionarios públicos. Es un deporte muy popular también en la Asamblea Legislativa. A eso se dedican, entre otras cosas”, criticó.
