Edgar Fonseca, editor
El Juzgado Penal de Hacienda suspendió de su cargo por seis meses a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodriguez, a la gerente general interina y a tres directivos, en la investigación de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en 10 contratos entre cinco cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
La orden de suspensión la determinó el juez Paul Fuentes Sing, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y trascendió este jueves.
Esquivel Rodríguez es una pieza clave del presidente Rodrigo Chaves en el sector salud.
El mandatario atacó la acción judicial y acusó a la Fiscalía de “matonear” con dicho caso denominado por las autoridades “Barrenador” que estalló el lunes 23 de setiembre con 28 allanamientos y ocho detenciones.
Esquivel fue arrestada cuando se presentó la mañana de ese lunes ante la delegación del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Zeledòn.
Fue traída en vehículo policial hasta celdas judiciales de Goicoechea donde permaneció detenida 36 horas junto al resto de investigados.
Se trata del mayor caso de investigación judicial en lo que va de la administración del presidente Chaves, el peor escándalo en el manejo de fondos públicos en dos décadas.
En 2004 los expresidentes Rodríguez y Calderón fueron vinculados por las autoridades judiciales a otro escándalo con la CCSS.
Suspendidos
La decisión la confirmó el Ministerio Público
También fueron suspendidos los directivos: Zeirith Rojas, María Isabel Camareno, Johnny Gómez, y la gerente general interina María de los Ángeles Gutiérrez Brenes.
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Fueron acogidas medidas cautelares pedidas por la Fiscalía en causa 24-000267-1218-PE.
A los imputados se les prohibe tener relación con testigos y con la licitación bajo investigación.
Fuera aprobado de cualquier manera
Según la resolución del juez: “Entre esas actuaciones irregulares podemos detallar la anulación de un contrato previo (licitación promovida en 2021), apartarse de criterios técnicos, solicitar borradores de los estudios solicitados previo al análisis (para la adjudicación, hacer observaciones de manera informal a los informes y las constantes reuniones con los oferentes, con la finalidad de que el procedimiento licitatorio de compra 2023LY-000002- 0001101142 fuera aprobado de cualquier manera”.
“De esta manera, tal y como se señaló, la totalidad de los indicios valorados en conjunto en el presente asunto, permitieron establecer un único resultado y en este caso se determinó la probabilidad de comisión del hecho delictivo de manera dolosa por parte de los encausados quienes tenían conocimiento y voluntad de afectar el interés público y traficar influencias para beneficiar a las cooperativas oferentes de la licitación del 2023”, añade la resolución judicial.
