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La región del Catatumbo ha experimentado el terror con el resurgimiento de la violencia protagonizada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que ya ha dejado al menos 80 muertos y miles de desplazados. En medio, Venezuela surge como un actor fundamental por compartir frontera en esta zona altamente disputada por las rutas del narcotráfico además de la denunciada presencia e interdependencia del grupo armado más allá de la frontera.
“Un fracaso de la nación”, así ha calificado el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruda situación que experimenta la población civil en el Catatumbo, región ubicada en el departamento colombiano de Norte de Santander, en donde miembros del ELN han intercambiado intensos enfrentamientos con el frente 33, una disidencia de las extintas FARC.
Según estimaciones oficiales, los combates en el Catatumbo ya se han cobrado la vida de 80 personas –entre ellas, seis excombatientes firmantes de los Acuerdos de paz– además de 30.000 desplazados, aunque Petro reconoce que su Gobierno aún no dispone de “datos concretos”.
Entre los intercambios de fuego, el éxodo civil y las tenebrosas imágenes que retratan pilas de cuerpos torturados en la selva, el Gobierno venezolano ha resurgido desde las sombras para recordar la importancia que tiene Caracas en el último episodio de violencia que azota a su país vecino, además de los beneficios políticos que puede sustraer del mismo.
Ante el desplazamiento colombiano en el Catatumbo, también frontera con Venezuela, la Cancillería venezolana anunció el pasado 19 de enero la implementación de un dispositivo para recibir a algunas de las personas desplazadas, reafirmando su compromiso por “poner a disposición de Colombia todos sus recursos para mitigar esta crisis”.
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