Edgar Fonseca, editor

El Fiscal General, Carlo Diaz, dirigió hoy diligencias de secuestro del expediente que se sigue en el Tribunal Supremo de Elecciones por el presunto financiamiento irregular de la campaña del presidente Rodrigo Chaves.

Díaz confirmó a la prensa que secuestraron 10 tomos del expediente del TSE, como parte de una diligencia autorizada por la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, al estar bajo investigación miembros de los supremos poderes.

La Sala III autorizó

“El TSE indicó que esa información no es de acceso público”, dijo el fiscal Díaz a la prensa.

“Por eso –añadió–acudimos a la Sala Tercera, como corresponde, y solicitamos de manera fundada que nos autorizara el acceso a esa información privada y el secuestro”.

“Ellos consideraron que la solicitud era proporcional, razonable y necesaria para nuestra investigación. Nos autorizaron el día de ayer, mediante una resolución que estoy ejecutando esta mañana”, explicó.

Es la primera diligencia que el fiscal Díaz dirige personalmente en el caso del mandatario.

En el caso están bajo investigación el presidente Chaves, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, que sirvió a hoy gobernante y el diputado oficialista Waldo Agüero, dijo Díaz.

Se trata de la primera diligencia pública oficial del año del fiscal general en pesquisas a miembros de los supremos poderes y en medio de una creciente fricción con Chaves por el controversial caso Barrenador que llevó al arresto inicial y acusación de la expresidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel, en una investigación por supuestas anomalías por la contratación del servicio de Ebáis con cinco cooperativas de salud.

Chaves acusó a la fiscalía de matonear en dicho caso.

Además, en su primer conferencia de prensa del año nombró a Esquivel como ministra de Planificación, lo que restringe a la Fiscalía General las pesquisas en su contra.

• Aclaración: Por error, una primer versión de PuroPeriodismo consignó que el fiscal llegó al TSE protegido por un chaleco antibalas lo cual no fue cierto. Así lo aclaró la oficina de prensa de la Fiscalía.

Vallas de renuncia

El fiscal Díaz minimizó la aparición de vallas públicas en las que se pide su renuncia y la de otros funcionarios públicos.

“Eso lo que me da es risa”, respondió ante consulta de los medios.

“En el Ministerio Público tenemos muchos fiscales y jerarquía que podría investigar esos hechos”, insistió el jerarca.

Las vallas fueron pagadas por un empresario turístico de Quepos secretario general partido Pueblo Soberano, afín al presidente Chaves, y quien vio frustrada su aspiración a alcalde.

El caso de dichas vallas derivó en tres denuncias ante el Ministerio Público que se siguen bajo las causas: 25-000007-0033-PE, 25-000008-0033-PE, contra el empresario de apellido Marchegiani.

En las vallas bajo el título Renuncien, aparecen las figuras del fiscal Díaz, del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, de la Contralora General, Marta Acosta y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

“Lo único que voy a decir es que la Contraloría va seguir cumpliendo y atendiendo las responsabilidades constitucionales que tiene, pero a esas vallas no me refiero”, reaccionó la contralora Acosta, blanco de constantes ataques por el presidente Chaves.

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Reporte especial/ Informe TSE financiamiento campaña del presidente Rodrigo Chaves

Ago 26, 2022

Edgar Fonseca, editor

1.Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático. 

2.Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A. 

3.La cúpula del partido Progreso Social Democrático –en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpízar– habría conocido y participado en este esquema financiero, al procurar –en apariencia– reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso del grupo CRP. 

4. El alcance real de esta presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para alimentar las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. y sufragar los gastos del grupo “Costa Rica Próspera”, en beneficio de la candidatura del señor Chaves Robles y del partido Progreso Social Democrático. 

5. El señor Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar, en beneficio de la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria, habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022. 

6. El alcance real de esta segunda presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) habrían tenido lugar para impulsar la candidatura particular del señor Agüero Sanabria. 

Se estima de importancia reiterar que las conclusiones indicadas en este apartado se fundamentan en los hallazgos identificados al 30 de mayo de 2022, de tal suerte que podrían variar en el informe final de investigación que se emita al culminar las diligencias seguidas bajo el expediente administrativo n.° DFPP-EE-012-2021. 

Además, se insiste en que –en tanto órgano técnico-electoral– no corresponde a este Departamento advertir con precisión los tipos penales que pudieran identificarse en el caso particular, ni la individualización detallada de los sujetos intervinientes. Estas competencias descansan en el Ministerio Público, conforme la normativa penal aplicable. 

Fuente: INFORME n. ° IDI-DFPP-001-2022, Fecha: 8 de junio de 2022