PuroPeriodismo/DW, Alemania
Costa Rica se apresta a sumarse a Panamá como país receptor de migrantes deportados de Estados Unidos, para ser desde allí repatriados. Se espera este miércoles la llegada de unas 200 personas de origen asiático, en virtud de un acuerdo con Washington sobre el que se sabe muy poco.
“Hasta ahora la información ha sido muy escasa y la verdad es que hay más preguntas que respuestas”, dice a DW Edgardo Sandoval Ramsey, representante Regional para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
La lista de interrogantes es larga. Menciona, por ejemplo, que no está claro cómo va a ser el trámite, ni si esas personas tendrán libertad de movimientos, si van a estar controladas, ni por quién. “Lo que no se ha explicado bien es si esos migrantes, en territorio de un país centroamericano, se encuentran bajo el control de Estados Unidos en ese país, ni si el lugar de alojamiento está regentado por el Gobierno de Estados Unidos, o bien por el Gobierno soberano de ese país, en cuyo caso se genera de alguna manera responsabilidad con respecto a las normativas internacionales sobre la repatriación de migrantes”, indica.
Un comunicado oficial del Gobierno costarricense subrayó que “el proceso es completamente financiado por el Gobierno de los Estados Unidos”, pero el politólogo costarricense Gustavo Araya también plantea dudas al respecto. “El problema es de qué costos estamos hablando, los directos o los indirectos. Estas personas van a pasar un tiempo en un centro de atención de migrantes que se encuentra alejado de la capital, y se requiere atención, transporte, seguridad, hospedaje, alimentación; habrá que verificar con personal de Costa Rica que estas personas cuentan con una situación sanitaria adecuada, pero de nada de esto se tiene información”, dice a DW.
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